Organizaciones sociales denuncian las prioridades del Gobierno español en los eventos preparatorios de la Cumbre Río+20, respaldando a las empresas multinacionales que provocan graves impactos sociales y ambientales y continuas violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
La próxima Cumbre de la Tierra Río+20, llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Con ocasión del seminario “La Contribución del sector público-privado español a la agenda de Río+20”, organizado en Madrid por la Red Pacto Mundial España varias organizaciones sociales advierten sobre los peligros de la estrecha relación entre el lobby empresarial y los responsables de las políticas económicas y ambientales internacionales, tanto del Gobierno español como de Naciones Unidas. En el evento han participado altos funcionarios del Estado así como multinacionales denunciadas por graves violaciones a los Derechos Humanos como Endesa, Gas Natural Fenosa, BBVA y Agbar.
Un caso emblemático de las alianzas público-privadas es el de Stephan Schmidheiny, quien impulsó en 1995 el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus siglas en inglés - World Business Council for Sustainable Development) y que agrupa 200 de las más irresponsables y criminales corporaciones del mundo. Schmidheiny fue condenado el pasado 12 de febrero por un tribunal de Turín a 16 años de cárcel en el juicio del amianto en Italia, como ex propietario del grupo suizo Eternit, declarado responsable de la muerte de unas 3.000 personas en Italia, ex obreros o habitantes de cuatro localidades donde Eternit Italia tenía sus fábricas desde 1976 a 1986. Schmidheiny fue acusado de haber provocado "una catástrofe sanitaria y ambiental permanente" y de haber violado las normas de la seguridad laboral.
A pesar de larga trayectoria delictiva de Schmidheiny, el entonces Secretario General de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, Maurice Strong, le nombró en 1992 “asesor principal” de la industria y el sector privado para la preparación de la Cumbre de la Tierra en aquél año. Cuando el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó en 1999 el Pacto Global entre la ONU y el poder económico, tanto Schmidheiny como el WBCSD jugaron un papel clave en el “lavado de cara” de las corporaciones más responsables de la pobreza y la destrucción ambiental en el mundo. En 2000, en reconocimiento a la que consideran una “labor pionera”, el WBCSD nombró Schmidheiny su presidente honorario. Todas estas alianzas público-privadas han vulnerado la credibilidad de la ONU.
La Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo, constituida por diferentes organizaciones y plataformas del Estado español al calor de la Cumbre Río+20, exige que se ponga punto final al control empresarial de Naciones Unidas y las asociaciones dudosas entre la ONU y la industria -como el Pacto Global o el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible-, así como terminar con el acceso privilegiado que se le ha otorgado al sector empresarial, y a la influencia ilegítima que dicho sector ejerce en importantes procesos y decisiones multilaterales.
“La ONU y los Estados miembro deben impedir las presiones que ejercen las grandes empresas y disolver las asociaciones público-privadas y los grupos de alto nivel que les otorgan a las grandes empresas una condición privilegiada en las negociaciones oficiales. Asimismo demandan que las delegaciones nacionales involucradas en las negociaciones de la ONU no deben incluir a representantes del sector empresarial”, demanda la Alianza.
Reclaman que la ONU debe investigar y denunciar los impactos de las grandes empresas y establecer un régimen jurídicamente vinculante que pueda exigirles a las empresas rendir cuentas de cara a la legislación en materia de derechos ambientales, humanos y laborales.
Para profundizar en el debate sobre la crisis global y la responsabilidad del sector empresarial, dicha alianza organiza las Jornadas Internacionales previas a Rio+20 “¿Economía verde? ¡Futuro negro!” en Barcelona del 1-3 de junio.
La Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo está integrada por: ACSUR-Las Segovias, ALBA SUD, Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan- Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, Entrepueblos, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturaleza (GOB), Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Plataforma Rural, Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa per una nova cultura de l'aigua.
La próxima Cumbre de la Tierra Río+20, llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Con ocasión del seminario “La Contribución del sector público-privado español a la agenda de Río+20”, organizado en Madrid por la Red Pacto Mundial España varias organizaciones sociales advierten sobre los peligros de la estrecha relación entre el lobby empresarial y los responsables de las políticas económicas y ambientales internacionales, tanto del Gobierno español como de Naciones Unidas. En el evento han participado altos funcionarios del Estado así como multinacionales denunciadas por graves violaciones a los Derechos Humanos como Endesa, Gas Natural Fenosa, BBVA y Agbar.
Un caso emblemático de las alianzas público-privadas es el de Stephan Schmidheiny, quien impulsó en 1995 el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus siglas en inglés - World Business Council for Sustainable Development) y que agrupa 200 de las más irresponsables y criminales corporaciones del mundo. Schmidheiny fue condenado el pasado 12 de febrero por un tribunal de Turín a 16 años de cárcel en el juicio del amianto en Italia, como ex propietario del grupo suizo Eternit, declarado responsable de la muerte de unas 3.000 personas en Italia, ex obreros o habitantes de cuatro localidades donde Eternit Italia tenía sus fábricas desde 1976 a 1986. Schmidheiny fue acusado de haber provocado "una catástrofe sanitaria y ambiental permanente" y de haber violado las normas de la seguridad laboral.
A pesar de larga trayectoria delictiva de Schmidheiny, el entonces Secretario General de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, Maurice Strong, le nombró en 1992 “asesor principal” de la industria y el sector privado para la preparación de la Cumbre de la Tierra en aquél año. Cuando el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó en 1999 el Pacto Global entre la ONU y el poder económico, tanto Schmidheiny como el WBCSD jugaron un papel clave en el “lavado de cara” de las corporaciones más responsables de la pobreza y la destrucción ambiental en el mundo. En 2000, en reconocimiento a la que consideran una “labor pionera”, el WBCSD nombró Schmidheiny su presidente honorario. Todas estas alianzas público-privadas han vulnerado la credibilidad de la ONU.
La Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo, constituida por diferentes organizaciones y plataformas del Estado español al calor de la Cumbre Río+20, exige que se ponga punto final al control empresarial de Naciones Unidas y las asociaciones dudosas entre la ONU y la industria -como el Pacto Global o el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible-, así como terminar con el acceso privilegiado que se le ha otorgado al sector empresarial, y a la influencia ilegítima que dicho sector ejerce en importantes procesos y decisiones multilaterales.
“La ONU y los Estados miembro deben impedir las presiones que ejercen las grandes empresas y disolver las asociaciones público-privadas y los grupos de alto nivel que les otorgan a las grandes empresas una condición privilegiada en las negociaciones oficiales. Asimismo demandan que las delegaciones nacionales involucradas en las negociaciones de la ONU no deben incluir a representantes del sector empresarial”, demanda la Alianza.
Reclaman que la ONU debe investigar y denunciar los impactos de las grandes empresas y establecer un régimen jurídicamente vinculante que pueda exigirles a las empresas rendir cuentas de cara a la legislación en materia de derechos ambientales, humanos y laborales.
Para profundizar en el debate sobre la crisis global y la responsabilidad del sector empresarial, dicha alianza organiza las Jornadas Internacionales previas a Rio+20 “¿Economía verde? ¡Futuro negro!” en Barcelona del 1-3 de junio.
La Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo está integrada por: ACSUR-Las Segovias, ALBA SUD, Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan- Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, Entrepueblos, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturaleza (GOB), Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Plataforma Rural, Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa per una nova cultura de l'aigua.