En
el marco de la Cumbre de los Pueblos de Rio las organizaciones de la
sociedad civil organizan visitas a proyectos tóxicos en Rio de
Janeiro
Hoy ha
tenido lugar el primer “Toxic Tour” en Rio de Janeiro. Un grupo
de activistas, periodistas e investigadores hemos visitado un
proyecto que está causando graves impactos sociales y ambientales a
la comunidad de Santa Cruz.
La empresa siderúrgica ThyssenKrupp Atlantic Steel Company (TKCSA) se instaló en Rio después de haberlo intentado sin éxito en otros estados brasileños. Las actividades de la empresa llevan consigo graves impactos medioambientales como la liberación de partículas de hierro en el aire o la emisión de toneladas de dióxido de carbono, tantas como para aumentar las emisiones en la ciudad de Rio de Janeiro a un 76%.
Estas
actividades han tenido efecto directo sobre la comunidad que convive
día a día con la empresa alemana, las instalaciones de la
siderúrgica están pegadas a las casas de la comunidad. Cuando esta
empresa se instaló en Santa Cruz no hubo ninguna conversación
previa con la comunidad, no se compraron las tierras ni hubo ningún
proceso de consulta. De hecho hoy en día la empresa sigue operando
sin licencia.
Des de
que se inició la construcción de la siderúrgica los vecinos de
Santa Cruz han sufrido sus impactos. Entre 2004 y 2005 se inició la
construcción de esta mega infraestructura para la cual desviaron el
cauce del rio que pasaba por la comunidad para poder construir sobre
tierra seca. Llegó el periodo de lluvias y el río se desbordó
produciendo inundaciones en toda la zona lo que causó graves
problemas entre las familias como la pérdida de sus casas. “La
empresa nunca se hizo responsable de ello”, nos cuenta Maria Regina
De Paolo, una de las mujeres de Santa Cruz que perdió su casa
durante las inundaciones.
Además
las actividades de drenaje, las obras de la empresa y el aumento de
la circulación de grandes navíos en la bahía y los canales ha
impedido a los pescadores de la comunidad que continúen ejerciendo
su actividad. Por un lado, la empresa ha cerrado el paso a los
pescadores por el tráfico de navíos y por otro ha contaminando el
agua con metales como el Cadmio o el Zinc. Los peces están
desapareciendo de la región y la comunidad es cada vez más
vulnerable ya que familias enteras dependen de la pesca para
sobrevivir.
La
comunidad se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar los
impactos que a la empresa está provocando e incluso algunos han
decidido llevar su caso ante los tribunales brasileños. La empresa
por contra ha impulsado proyectos de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) como la construcción de una escuela y la
remodelación de un hospital. La lectura mayoritaria de la comunidad
la resumía un pescador, “la empresa está adoptando el papel del
Estado intentando suplir sus obligaciones”. La aplicación de estas
políticas de RSC ha provocado conflictos dentro de la propia
comunidad, entre los que todavía creen que regulando la actuación
de la empresa por las autoridades brasileñas será posible aportar
desarrollo a la comunidad y los que creen que una empresa que por un
lado les aporta servicios que debe dar el estado y por otro los mata
poco a poco nunca podrá aportar beneficios a la región.
Este
es solo uno de los muchos conflictos socioambientales que producen
las empresas extractivas en todo el mundo. Según la economía verde,
o mejor dicho, el capitalismo verde estas empresas van a contribuir
en la lucha contra la pobreza. Mientras el clima de impunidad sigue
imperando, mientras no exista un control real tanto por parte de los
Estados como de instancias internacionales de la actividad de las
empresas no podremos caminar hacia un verdadero desarrollo sostenible
basado en la justicia social y ambiental.